"La mayoría de los riesgos pueden gestionarse muy eficazmente si se identifican con suficiente antelación".
Entrevista con Linda Kromjong, Presidenta de amfori, asociación internacional de importadores comprometidos con el comercio responsable.
A medida que las cadenas de suministro se hacen cada vez más internacionales, la gestión de los riesgos relacionados con los derechos humanos se ha convertido en un reto complejo y crucial. Un reto que afecta al bienestar de los trabajadores, pone de manifiesto la creciente preocupación de los consumidores y plantea nuevos desafíos financieros y éticos a las empresas. Linda Kromjong, Presidenta de amfori, asociación comercial de la que forma parte JJA y que promueve el desarrollo de cadenas de valor sostenibles, explica cómo las empresas pueden hacer frente a este reto.
Cada vez más empresas tienen cadenas de suministro internacionales. ¿Cuáles son los principales riesgos para los derechos humanos a los que se enfrentan?
Estos riesgos varían de un país a otro y de un sector a otro, por lo que la respuesta será muy diferente de una empresa a otra. A menudo incluyen problemas relacionados con el trabajo forzado o la esclavitud moderna. A veces las señales son sutiles: por ejemplo, conservar el pasaporte de un trabajador que, por tanto, ya no es libre de marcharse. En otros casos, se trata de trabajo infantil, condiciones de trabajo peligrosas, falta de equipos de protección o salidas de emergencia bloqueadas. Las jornadas laborales excesivas o la falta de días de descanso también pueden suponer graves riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores. La discriminación, el acoso en el lugar de trabajo y las restricciones a la libertad de asociación son otros ejemplos. Estas situaciones no sólo perjudican a los trabajadores afectados: también pueden tener un impacto negativo en los resultados financieros de una empresa.
¿Cómo pueden afectar estos riesgos a los resultados de una empresa?
En concreto, si los trabajadores están descontentos, no pueden ocuparse de sus familias o están agotados, puede producirse un descenso de la productividad, una reducción de la calidad del trabajo, accidentes, huelgas e incluso muertes. Las acciones legales de los trabajadores no sólo pueden costar dinero a la empresa, sino que también pueden dañar su reputación. Los riesgos para la reputación son más comunes en las marcas de consumo, pero todas las empresas pueden verse afectadas. Una vez dañada la reputación de una empresa, lleva mucho tiempo reconstruirla.
La buena noticia es que la mayoría de los riesgos pueden gestionarse muy eficazmente si se detectan con suficiente antelación y si las empresas están dispuestas a tomar medidas para resolver los problemas detectados y evitar que se repitan.
amfori ha desarrollado un programa llamado amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) para guiar a las empresas en la realización de la diligencia debida en materia de derechos humanos. Cómo puede esta iniciativa ayudar a las empresas a identificar mejor los riesgos a los que se enfrentan?
El programa se puso en marcha hace más de veinte años, en 2003. El primer paso fue la creación de un Código de Conducta, que detalla los valores y principios que deben respetar los proveedores. Éstos se basan en normas internacionales, como la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. El Código de Conducta amfori BSCI no es un documento estático: se actualiza en función de los cambios en la legislación y las prácticas de la empresa. Para facilitar su comprensión y aplicación, ofrecemos cursos de formación para nuestros miembros y sus proveedores. Los miembros de amfori también pueden trazar un mapa de sus proveedores a través de nuestra plataforma de desarrollo sostenible, así como evaluar sus riesgos. Para ello disponen de varias herramientas, como la brújula de riesgos, las autoevaluaciones de proveedores y las auditorías periódicas in situ. Una vez identificados los riesgos, los miembros trabajan con sus proveedores en la elaboración de planes de acción para subsanar las deficiencias. Por último, informan sobre estas acciones: todos estos pasos conforman el proceso de diligencia debida.
En los últimos meses, las iniciativas de desarrollo sostenible se han enfrentado a un gran revuelo, tanto en Estados Unidos como en Europa, con la modificación de la CDS3D como parte del paquete Omnibus. ¿Podría esto socavar las normas aplicadas hasta ahora en las cadenas mundiales de suministro?
Necesitamos igualdad de condiciones, y la experiencia nos ha enseñado que las normas voluntarias no bastan para crearla. Las empresas necesitan una legislación de diligencia debida anclada en normas internacionales. Con la introducción del CS3D, el CSRD y la taxonomía, y su posterior consolidación en la legislación ómnibus propuesta, el panorama normativo es incierto. Se han hecho muchos llamamientos para reducir la carga administrativa de las empresas. Es una demanda ardua de resistir, pero debemos tener cuidado de no perder ninguno de los elementos beneficiosos en el proceso. El resultado de la legislación Omnibus es difícil de predecir, pero una cosa es cierta: el mundo se ha vuelto muy volátil, y esto tiene un impacto directo en las cadenas de suministro globales. Las empresas se hacen muchas preguntas: ¿dónde nos abastecemos? ¿Debemos cambiar de proveedor? ¿Deberíamos abastecernos en otro país? En este contexto, la diligencia debida es más importante que nunca. Este proceso permite a las empresas tomar las decisiones correctas y seguir siendo resistentes, sea cual sea el cambiante panorama político y normativo.
En Europa tendemos a considerarnos más virtuosos que otros en lo que respecta a las cadenas de suministro, en particular los países asiáticos, considerados más arriesgados. ¿Se corresponde esto con la realidad?
Este sesgo persiste, pero no refleja necesariamente la realidad. En primer lugar, los riesgos existen en todas partes: en todos los países y en todos los sectores, no sólo en la producción industrial. En segundo lugar, los proveedores asiáticos han progresado mucho en los últimos veinte años. Saben adaptarse, conocen perfectamente la legislación y esperan cada vez más que sus propios proveedores cumplan las mismas normas. Establecer relaciones a largo plazo entre compradores y proveedores es una forma real de reducir los riesgos en materia de derechos humanos. Y todos ganan: los trabajadores, el planeta y las empresas.
